JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE:

SUP-JDC-084/2002.

ACTOR:

“POR UNA CAUSA COMÚN: MÉXICO, A.C”.

AUTORIDAD RESPONSABLE:

CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL.

 MAGISTRADO PONENTE:

 MAURO MIGUEL REYES ZAPATA.

 SECRETARIO:

 JOSÉ ARQUÍMEDES GREGORIO LORANCA LUNA.

  México, Distrito Federal, a once de junio de dos mil dos.

V I S T O S  para resolver los autos del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano SUP-JDC-084/2002, que promovió “Por una Causa Común: México, A. C.”, por conducto de Carlos Enrique Sánchez Carbot, en contra de la resolución CG80/2002 de diecisiete de abril de dos mil dos, dictada por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, y

 R E S U L T A N D O 

  PRIMERO. El treinta y uno de enero de dos mil dos, “Por una Causa Común: México, A. C.”, por conducto de Carlos Enrique Sánchez Carbot, solicitó el registro como agrupación política nacional. A dicha solicitud se acompañaron los documentos estimados pertinentes para ese efecto.

 SEGUNDO. Por oficio DEPPP/DPPF/1220/02 de doce de marzo de dos mil dos, recibido el veintisiete siguiente, dirigido a Carlos Enrique Sánchez Carbot en su calidad de representante de la asociación antes referida, el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos comunicó, que sólo fueron presentadas 6874 manifestaciones formales de asociación, por lo que no se satisfacían los requisitos necesarios para obtener el registro de agrupación política nacional. En ese oficio se otorgó al citado representante, el plazo de cinco días naturales, contados a partir de la notificación, para que expresara lo que conviniera a los derechos de su representada.

 TERCERO. Por escrito de primero de abril de dos mil dos, recibido en la misma fecha y dirigido al Director Ejecutivo de Prorrogativas y Partidos Políticos, en atención al oficio DEPPP/DPPF/1220/02, Carlos Enrique Sánchez Carbot manifestó, entre otras cuestiones, que en realidad fueron presentadas 7250 manifestaciones formales de asociación, tal como se desprendía del acuse de recibo correspondiente a la solicitud de registro.

  CUARTO. Mediante escrito de nueve de abril de dos mil dos, recibido en la misma fecha y dirigido al Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, también con relación al oficio DEPPP/DPPF/1220/02, Carlos Enrique Sánchez Carbot reiteró, que inicialmente fueron entregadas 7250 manifestaciones formales de asociación; pero que en atención a que en dicho oficio se hacía la observación de que faltaban 126 manifestaciones, presentaba 1950 adicionales, para su valoración.

QUINTO. Previa verificación de la documentación presentada conjuntamente con la solicitud de registro, la Comisión de Prerrogativas, Partidos Políticos y Radiodifusión elaboró proyecto de resolución que puso a consideración del Consejo General del Instituto Federal Electoral.

SEXTO. El diecisiete de abril de dos mil dos, el consejo citado emitió la resolución ahora impugnada, en la que determinó negar el registro de agrupación política nacional a “Por una Causa Común: México, A.C.”. Según manifestación de la actora, ésta tuvo conocimiento de la resolución el dos de mayo de dos mil dos.

SÉPTIMO. Por escrito presentado el ocho de mayo de dos mil dos ante el Instituto Federal Electoral, la asociación promovió Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, a través de su representante Carlos Enrique Sánchez Carbot. La autoridad responsable le dio el trámite de ley. La demanda y documentos atinentes, fueron recibidos en la Oficialía de Partes de esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el veintitrés de mayo de dos mil dos.

OCTAVO. Por auto de veintitrés de mayo siguiente, el Presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación turnó el expediente al magistrado Mauro Miguel Reyes Zapata, para los efectos del artículo 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

 NOVENO. El diez de junio de dos mil dos, el magistrado instructor admitió a trámite la demanda de referencia, por no haber advertido causa de improcedencia alguna, y dado que el expediente se encontraba debidamente integrado, cerró la instrucción, con lo que el asunto quedó en estado de resolución.

 C O N S I D E R A N D O

 PRIMERO. Esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ejerce jurisdicción y tiene competencia para conocer y resolver el presente asunto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo segundo, fracción IV, y 99, párrafo cuarto, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;  184, 186, fracción III, inciso c), y 189, fracción I, inciso f), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 4 y 83, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por tratarse de un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, promovido entre dos procesos electorales federales, contra el acto del Instituto Federal Electoral, consistente en la negativa de registro como agrupación política nacional, a “Por una Causa Común: México, A. C.”.

SEGUNDO. La resolución impugnada dice en lo conducente.

“I. Que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 80, párrafos 1, 2 y 3, en relación con los artículos 35, párrafo 3 y 82, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como los puntos segundo de los acuerdos del consejo general del instituto a que se hace referencia en los antecedentes 1 y 2 del presente instrumento, la Comisión de Prerrogativas, Partidos Políticos y Radiodifusión, con el apoyo técnico de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, así como la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores y los órganos desconcentrados del instituto, es competente para verificar el cumplimiento de los requisitos que deben observar las asociaciones de ciudadanos interesadas en obtener el registro como agrupación política nacional, así como para formular el proyecto de resolución correspondiente.

II. Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 35, párrafo 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se debe considerar que la asociación solicitante presentó oportunamente su solicitud de registro, así como la documentación con la que pretende acreditar el cumplimiento de los requisitos correspondientes.

III. Que de acuerdo con lo establecido en el numeral 2 del apartado relativo a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del acuerdo en el que se establece la metodología, se analizó la copia certificada de Acta Notarial Constitutiva número 10,472, de veintiséis de diciembre de dos mil, certificada por el Notario Público número 1, licenciado Sergio Alvarado Rojas de Tabasco. Como resultado de dicho análisis, debe concluirse que con dicha documentación se acredita la legal constitución de la asociación de ciudadanos denominada “Por una Causa Común: México”, en términos de lo establecido en el punto primero, párrafo 3, inciso a), de “el instructivo”.

Asimismo, del análisis de dicha documentación se puede constatar que el objeto social de la misma comprende la realización de actividades identificadas con lo  preceptuado en el artículo 33, párrafo 1, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

El desarrollo y resultado de este análisis se relaciona como anexo uno, que en una foja útil, forma parte integral del presente proyecto de resolución.

IV. Que tal y como se dispone en el numeral 2 del apartado denominado Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del acuerdo en el que se establece la metodología, se revisó la documentación presentada para acreditar la personalidad de Carlos Enrique Sánchez Carbot quien suscribe la solicitud de registro como agrupación política nacional, la cual consistió en copia certificada de acta notarial constitutiva número 10472, de veintiséis de diciembre de dos mil, certificada por el notario público número1, licenciado Sergio Alvarado Rojas de Tabasco. Como consecuencia de dicho análisis, se llega a la conclusión de que debe tenerse por acreditada dicha personalidad, de conformidad con lo establecido por el punto primero, párrafo 3, inciso B), de “el instructivo”.

El resultado de este examen se relaciona como anexo dos, el cual en una foja útil, forma parte integral del presente proyecto de resolución.

V. Que a pesar de no contar la solicitante con 7000 asociados en el país, según requerimiento realizado por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos a la solicitante mediante oficio referido en el antecedente cuatro, y al presentar la interesada en forma extemporánea  un número adicional de manifestaciones formales de afiliación, en términos de lo dispuesto en el numeral 4 del apartado relativo a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del acuerdo de la metodología, se procedió a revisar que, en las manifestaciones formales de asociación presentadas por la solicitante, en tiempo y forma, aparecieran los apellidos (paterno y materno) y nombre(s), el domicilio y la clave de elector, así como la firma autógrafa del ciudadano o su huella digital y la leyenda de que el acto de adherirse a la asociación es voluntario, libre y pacífico, tal y como se dispone en el punto primero, párrafo 3, inciso c), de “el instructivo”.

Dicha revisión arrojó el resultado que se anota en el cuadro subsecuente, cuya columna 1 (entidad), sirve para identificar la entidad federativa a la que corresponden las manifestaciones formales de afiliación; la 2 (manifestaciones), al número de manifestaciones formales de asociación que se presentaron en dicha demarcación geográfica, en tanto que en la 3 (duplic.), 4 (triplic.) y 5 (cuadruplic.), se precisan los casos de manifestaciones formales de asociación suscritas por una misma persona y que fueron presentadas dos, tres, cuatro o más veces por la solicitante; en la columna 6 (s/firma), se anotan las cantidades correspondientes a las manifestaciones formales de asociación en que no aparece la firma del ciudadano; en la 7 (s/clave), se anota la cantidad de manifestaciones formales de asociación que no contienen la clave de elector; en la 8 (s/domicilio), la cantidad correspondiente a las manifestaciones formales de asociación en que no se precisó el domicilio del asociado; como consecuencia de lo anterior, en la columna 9 (validables), se anota el dato por entidad federativa, resultante de restar a la columna 2 los datos de las columnas 3 a 6, y que es el que finalmente se contará para determinar el cumplimiento de los requisitos pertinentes por los peticionarios.

Cabe señalar que del total de manifestaciones formales de afiliación validables se restarán el número de ciudadanos que se afiliaron a más de una asociación de las que pretenden obtener su registro como agrupación política nacional

En el caso de los 167 (ciento sesenta y siete) ciudadanos afiliados a más de una asociación y cuyos nombres aparecen en la lista de asociados que corresponden a los ciudadanos cuya información se detalla en el anexo general número uno que se encuentra al final del presente dictamen, los cuales se asociaron a “Por una Causa Común: México”, quien presentó la respectiva solicitud de registro como agrupación política nacional y, al mismo tiempo, esos mismos ciudadanos se asociaron a otra diversa organización de ciudadanos que igualmente presentó la solicitud respectiva, efectivamente debe considerarse que no deben validarse y sí restarse de las respectivas solicitudes, por las razones jurídicas siguientes:

Los nombres y demás datos que aparecen en las manifestaciones formales de asociación, así como los datos relacionados en las listas de ciudadanos coinciden tanto en la asociación solicitante “Por una Causa Común: México”, objeto de la presente resolución, como en las diversas asociaciones solicitantes denominadas Profesionales por la Democracia, Avanzada Liberal Democrática, Consejo Nacional de Organizaciones, A.C., Frente Indígena Campesino y Popular, Renovación Democrática Solidaria, Asociación Nacional, Emiliano Zapata, Fundación Carlos A. Madrazo, A.C., Asociación  Profesional Interdisciplinaria de México, Constitución y República Nuevo Milenio, A.C., Convergencia Nacional de Ciudadanos, NOCACI, Encuentro Social, Expresión Ciudadana, Movimiento de Acción Social más Unión Nacional Lombardista. Como se evidencia en el comparativo que se agrega en el mismo anexo general número uno, se demuestra que se trata del mismo ciudadano y no de homonimias o algún error superable, según la información proporcionada, por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, derivada del procedimiento de verificación, ordenado por la Comisión de Prerrogativas, Partidos Políticos y Radiodifusión, en términos de lo dispuesto por el punto Quinto del acuerdo en el que se establece la metodología.

En los artículos 9º, párrafo primero, y 35, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el derecho de asociación, se establece que no se puede coartar el derecho de asociación pacífica con cualquier objeto lícito, y que sólo los ciudadanos mexicanos pueden ejercer libre e individualmente dicho derecho para tomar parte en los asuntos políticos del país. Este derecho de asociación que se reconoce en favor de los ciudadanos, no se coarta o limita a través de una decisión como la presente en que se niega el registro como agrupación política nacional a la asociación de ciudadanos “Por una Causa Común: México”, ya que la negativa del registro deriva directamente del incumplimiento del requisito de constitución de contar con una base social de 7000 afiliados.

Es decir, la imposibilidad de permitir la afiliación múltiple deriva de que en los hechos se estaría evadiendo y dejando sin efecto el requisito de constitución relativo a la base social de 7000 afiliados, ya que podrían constituirse tantas agrupaciones políticas nacionales como solicitudes de registro presenten los mismos 7000 afiliados, defraudando lo dispuesto por el párrafo 1, inciso a) del artículo 35 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Las agrupaciones políticas nacionales son formas de asociación ciudadana que, entre otras finalidades, coadyuvan al desarrollo de la vida democrática, mientras que el Instituto Federal Electoral, entre otros, tiene como fines, asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electorales y coadyuvar al desarrollo de la cultura democrática, así como también al Consejo General le corresponde resolver lo conducente sobre las solicitudes de registro de las asociaciones interesadas, expresando, en caso de negativa, las causas que la motivan, y este mismo órgano superior de dirección tiene atribuciones necesarias para hacer efectivas las facultades que, en su favor, se señalan en el código, en términos de lo dispuesto en los artículos 33, párrafo 1; 35, párrafos 3 y 4; 69, párrafo 1, incisos e) y g), y 82, párrafo 1, inciso z), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

De lo anterior se desprende, que el Consejo General del Instituto Federal Electoral tiene atribuciones suficientes para negar el registro cuando se demuestre que una asociación de ciudadanos no vaya a coadyuvar al desarrollo de la vida democrática, porque sus integrantes formen parte, al mismo tiempo, de dos o más asociaciones que hayan solicitado su registro como agrupación política nacional o de hecho lo posean; además, debe concluirse que el mismo Consejo General tiene las atribuciones implícitas necesarias para cumplir eficazmente con sus obligaciones constitucionales y legales, así como con sus finalidades, negando el registro como agrupación política nacional a la asociación de ciudadanos que posea los mismos asociados que otra que ya lo hubiera obtenido, pues se generaría un dato no cierto y objetivo ficticio, sobre el número de ciudadanos que efectivamente coadyuvan al desarrollo de la vida democrática.

No es válido concluir que los ciudadanos tienen derecho a asociarse a dos o más organizaciones de ciudadanos para que éstas obtengan indiscriminadamente su registro como agrupación política nacional, bajo la suposición equivocada de que no existe una prohibición legal expresa o literal que se los impida. Ciertamente, debe arribarse a la conclusión de que, en el orden jurídico nacional, ningún sujeto puede ejercer en forma abusiva sus derechos y cometer fraude a la ley, como ocurriría si se admite un proceder semejante.

Esto significa que si un ciudadano ejerce su derecho de asociación para integrarse a una organización de ciudadanos que solicita su registro como agrupación política nacional y ésta lo obtiene, entonces dicho ciudadano no podrá asociarse a otra organización que pretenda obtener un registro, porque dicho ciudadano estaría recibiendo un tratamiento privilegiado en el ejercicio de sus derechos ciudadanos, puesto que recibiría mayores beneficios del estado al pertenecer a más de una agrupación política nacional. Es decir, el actuar del ciudadano devendría en un abuso de su derecho.

En efecto, si se considera, por ejemplo, que las agrupaciones políticas nacionales con registro, gozan de financiamiento público para el apoyo de sus actividades editoriales, de educación y capacitación política, así como de investigación socioeconómica y política, y que para tal efecto se constituye un fondo consistente en una cantidad equivalente al dos por ciento del monto que anualmente reciben los partidos políticos para el mantenimiento de sus actividades ordinarias, según se dispone en el artículo 35, párrafos 7, 8 y 9, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, entonces ese ciudadano recibiría un mayor beneficio y tan creciente como sea capaz de asociarse a un número más alto de asociaciones solicitantes de registro y que lo obtuvieran, en relación con otros ciudadanos que sólo pertenezcan a una organización que obtenga su registro. En suma, el ejercicio indiscriminado de su derecho de asociación (de ahí el abuso) le redituaría un beneficio económico creciente y desproporcionado en comparación de aquellos ciudadanos que sólo lo ejerzan en una sola ocasión (lo que da lugar a desigualdad).

A dicha conclusión se arriba, ya que, en términos de lo dispuesto en los artículos 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el estado mexicano en la especie, a través del Consejo General del Instituto Federal Electoral, debe garantizar la igualdad a los hombres y mujeres en el goce, en este caso, del derecho político de participación en los asuntos públicos, razón por la cual se debe estimar que las manifestaciones formales de asociación que estén en semejante circunstancia no deben tomarse en cuenta en este caso y sólo en el relativo a la distinta asociación denominada “Por una Causa Común: México”, según lo que se razona más adelante.

Es decir, se debe estimar que la interpretación de los artículos citados de los instrumentos de derecho internacional público, en relación con el 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5, párrafo 4, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, lleva a dilucidar una prohibición directa para la autoridad a efecto de no dar tratamientos que vayan en detrimento del derecho de igualdad, así como la obligación de no permitir comportamientos a los particulares que se signifiquen por violar dicho derecho de igualdad.

Si se accediera a otorgar el registro a todas las asociaciones de ciudadanos solicitantes que comparten los mismos asociados sin que se establezcan criterios de identificación o determinación para señalar a cuál de ellas deben adscribirse o acreditarse ciertos asociados, se provocaría la ineficacia de las agrupaciones políticas nacionales como vehículos para coadyuvar al desarrollo de la vida democrática, ya que teniendo en cuenta que el financiamiento público respectivo consiste en un monto fijo que no se incrementa en función del número de agrupaciones políticas nacionales con registro a recibirlo, entonces se haría que en términos reales la suma respectiva fuera menor para ciertas agrupaciones políticas nacionales cuyos asociados sólo ejerzan su derecho de asociación por una sola vez, lo que las colocaría en una situación desventajosa y no igual, frente a las que tengan los mismos asociados y eventualmente obtengan el registro de mérito, lo cual también afectaría el propósito legal relativo a la contribución en el desarrollo de la vida democrática, a través de la realización de actividades editoriales, educativas y de capacitación política, investigación socioeconómica y política, en términos de lo dispuesto en los artículos 33 y 35, párrafo 7, 8 y 9, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

En este caso, no cabe adjudicar o acreditar a los ciudadanos como asociados de la presente asociación solicitante, toda vez que en las manifestaciones formales de asociación exhibidas, no aparece la fecha de suscripción, para que se pudiera determinar cuál fue la última que se suscribió y que daría lugar a la revocación de las manifestaciones de voluntad ulteriores, como tampoco es posible determinar que una asamblea constitutiva sea anterior a otra y esto se traduzca en un elemento que permita resolver cuál fue la asamblea constitutiva de la asociación de ciudadanos que pretendía constituirse como agrupación política nacional, provocando que la manifestación formal de ciudadanos surtiera efectos plenos sobre cualquier otra posterior. Esto es, de los datos con los que cuenta esta autoridad no es posible desprender con certeza y objetividad la asociación a la que en última instancia determinó afiliarse el ciudadano.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 del apartado relativo a la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos, de la metodología, se procedió a revisar las listas de asociados presentadas por la solicitante, a efecto de comprobar si las mismas se integraron en orden alfabético, con los apellidos (paterno y materno) y nombre (s), la clave de elector y el domicilio de las personas en ellas relacionadas, según se establece en el punto primero, párrafo 3, inciso D), de “el instructivo”.

Dicha revisión arrojó el resultado que se anota en el cuadro siguiente, cuya columna 1 (entidad), sirve para identificar la entidad federativa a la que corresponden los ciudadanos relacionados en las listas; la 2 (enlistados), al número de personas enlistadas que corresponden a dicha demarcación geográfica, en tanto que en la 3 (duplicado), 4 (triplicado) y 5 (cuadruplic.), se precisan los casos de personas enlistadas que fueron relacionadas dos, tres o cuatro veces por la solicitante; en la columna 6 (s/manifestación), se anotan las cantidades correspondientes a las personas enlistadas que no cuentan con su correspondiente manifestación de asociación; en la 7 (s/domicilio), se anota la cantidad de personas relacionadas en lista a las que no se les señala domicilio; en la 8 (s/clave), la cantidad correspondiente a los enlistados a los cuales no se les precisó la clave de elector del asociado; en la 9 (no enlistados), se asienta el número de personas que aún teniendo manifestación de asociación no fueron relacionadas en la lista, y por último en la columna 10 (validables), se anota el dato por entidad federativa, resultante de restar a la columna 2 los datos de las columnas 3 a 6, y de sumar los de la 9, quedando como resultado el número que finalmente se contará para determinar el cumplimiento de los requisitos atinentes por los peticionaria.

El resultado de este examen se relaciona como anexo número tres, denominado relación de inconsistencias encontradas en listas y manifestaciones. En el entendido que forma parte integral del presente proyecto de resolución.

VI. Que con fundamento en lo establecido en el numeral 1, del apartado correspondiente a la Dirección del Registro Federal de Electores, de la metodología, la comisión envió a la referida comisión ejecutiva el cien por ciento del total de las listas de asociados validables, tal y como se señala en el antecedente seis de este instrumento, a efecto de verificar si los ciudadanos asociados a la organización se encontraban inscritos en el padrón electoral, resultando que de los 7214 (siete mil doscientos catorce) nombres de ciudadanos relacionados en dichas listas, 322 (trescientos veintidós) corresponden a asociados que no aparecen el padrón electoral, reduciéndose así a 6892 (seis mil ochocientos noventa y dos) el número final de ciudadanos validados, con lo que no se cumple a cabalidad con el mínimo de 7000 (siete mil) asociados que se refiere el artículo 35, párrafo 1, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

El resultado de este examen se relaciona como anexo número cuatro, el cual describe detalladamente la causa por la que no se localizó a los ciudadanos en el padrón electoral, y que trece fojas útiles forman parte del presente proyecto de resolución.

VII. Que tomando en consideración el resultado de registro validados por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores y restando de la cantidad de 6892 (seis mil ochocientos noventa y dos), el total arrojado de inconsistencias 285 (doscientos ochenta y cinco) de las manifestaciones de afiliación, así como de los 167 (ciento sesenta y siete) asociados afiliados a más de una asociación, se determina que la asociación denominada “Por una Causa Común: México” cuenta con la cantidad de 6440 (seis mil cuatrocientos cuarenta y cuatro) en el país, por lo que no cumple con el mínimo de 7000 asociados en el país, requisito señalado en el numeral 35, párrafo 1, inciso a), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como con lo establecido en el punto primero, inciso C) de “el instructivo”.

VIII. Que con fundamento en lo establecido en el numeral 6, del apartado denominado Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, de la metodología, se procedió a verificar la documentación con la que la solicitante pretende acreditar que cuenta con un órgano de dirección a nivel nacional y con delegaciones en cuando menos diez entidades federativas, así como sus respectivos domicilios sociales.

Para acreditar la existencia del órgano de dirección a nivel nacional, la solicitante presentó copia certificada del Acta Notarial Constitutiva número 10,472 de veintiséis de diciembre de dos mil, pasada ante la fe del Notario Público número 1, licenciado Sergio Bernardo Alvarado Rojas de Tabasco, con el fin de identificar el documento que presentó para tal efecto.

Asimismo, y a efecto de comprobar la existencia de las delegaciones como de los correspondientes órganos de dirección estatal con los que cuenta la solicitante, se analizó la documentación presentada por la asociación, y se solicitó el apoyo de los órganos desconcentrados del instituto, a efecto de verificar la veracidad de la misma. El análisis y procedimiento de verificación mencionados arrojaron el siguiente resultado:

Del análisis efectuado se concluye que la solicitante cuenta con un órgano de dirección a nivel nacional, cuyo domicilio se ubica en Francisco Belmar Rodríguez, número 160, colonia Prado Ermita, delegación Benito Juárez, código postal 03590, y con delegaciones en las siguientes: 11 (once) Chiapas, Campeche, Oaxaca, Sonora, Nayarit, Tabasco, Durango, México, Sonora, Veracruz y Distrito Federal, delegación y la sede del Consejo Directivo Nacional, por lo que la solicitante cumple con lo dispuesto por el artículo 35, párrafo 1, inciso a) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y con lo señalado por el punto primero, párrafo 3, inciso E), de “el instructivo”.

El resultado de este examen se relaciona como anexo número cinco, que en una foja útil, forma parte del presente proyecto de resolución.

IX. Que atendiendo a lo dispuesto en el numeral 3, del apartado denominado Prerrogativas y Partidos Políticos, de la metodología, se analizaron la declaración de principios, el programa de acción y los estatutos que presentó la asociación de ciudadanos solicitante, a efecto de determinar si dichos documentos básicos cumplen en lo conducente con los extremos señalados por los artículos 25, 26, párrafo 1, incisos a), b) y c), así como 27, párrafo 1, incisos a), b), c), fracciones I, II, III y IV, y g), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Que del resultado del análisis referido en el párrafo anterior, se acredita que los documentos básicos cumplen a cabalidad con las disposiciones legales antes mencionadas.

El resultado de este análisis se relaciona como anexo número seis, que en trece fojas útiles, forma parte del presente proyecto de resolución.

X. Que de acuerdo con lo establecido en el punto primero, párrafo 3, inciso G) de “el instructivo”, se procedió a analizar el conjunto de la documentación presentada a efecto de constatar que la asociación solicitante se ostenta con una denominación distinta a cualquier otra organización o partido político sin poder utilizar bajo ninguna circunstancia la denominación partido o partido político en ninguno de sus documentos, concluyéndose que al denominarse la solicitante “Por una Causa Común: México” y al presentar su documentación con dicha denominación, se tiene por cumplido el requisito a que se refieren los artículos 33, párrafo 2 y 35, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

XI. Que con base en toda la documentación que integra el expediente de constitución, agrupación política nacional, de la asociación de ciudadanos denominada “Por una Causa Común: México”, y con fundamento en los resultados de los análisis descritos en los considerandos anteriores, se concluye que la solicitud de la asociación señalada cumple con los requisitos previstos por los incisos A), B), D), E), F) y G), párrafo 3, del punto primero de “el instructivo”, no así el inciso C) del citado instructivo.

XII. Que por lo anteriormente expuesto y fundado, esta comisión concluye que la solicitud de la asociación de ciudadanos denominada “Por una Causa Común: México”, no reúne los requisitos necesarios para obtener su registro como agrupación política nacional, de acuerdo con lo prescrito por el artículo 35, párrafo 1, inciso a), 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y el Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral, por el que se indican los requisitos que deberán cumplir las asociaciones de ciudadanos que pretendan constituirse como agrupaciones políticas nacionales, publicado este último el primero de octubre de dos mil uno en el Diario Oficial de la Federación.”

TERCERO. Los agravios expresados por la promovente son los siguientes:

“Fuente de agravio. Lo constituyen todos y cada uno de los puntos resolutivos del acuerdo combatido, y en particular el primero de ellos, que a la letra señala:

‘Primero. No procede el otorgamiento del registro como agrupación política nacional, a la asociación de ciudadanos denominada ““Por una Causa Común: México””, en los términos del considerando de esta resolución, toda vez que no cumple con lo dispuesto por el artículo 35, párrafo 1, inciso a), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y por no cumplir debidamente los requisitos de las asociaciones de ciudadanos que pretende constituirse como agrupación política nacional, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el primero de octubre de dos mil uno...’

Preceptos violados. Se viola en perjuicio de mi representado por su indebida observancia e inexacta aplicación de los artículos 9, 14, 16, 41, párrafo II, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 35, párrafo 1, inciso a), párrafo 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como el acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral, por el que se define la metodología que observará la Comisión de Prerrogativas, Partidos Políticos y Radiodifusión para la revisión de los requisitos y el procedimiento que deberán cumplir las asociaciones de ciudadanos que pretendan constituirse como agrupaciones políticas nacionales.

Concepto de agravio 1. Como se señala en el hecho número 5 del presente ocurso, la autoridad responsable notificó a la asociación que represento, de omisiones que bajo concepto de la autoridad se consideran graves al indicarnos que en la presentación de la documentación requerida para constituirnos como agrupación política nacional, habíamos presentado menos de 7000 manifestaciones formales de afiliación contraviniendo lo preceptuado por el artículo 35, párrafo 1, inciso a), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y el punto primero inciso c), de “el Instructivo” del Consejo General en el que se indican los requisitos que deberán cumplir las asociaciones que pretendan constituirse como agrupación política nacional, situación que fue debidamente contestada en tiempo y forma señalando que la agrupación que represento, presentó 7250 manifestaciones formales de afiliación, como se demuestra con el formato de recepción sellado el treinta y uno de enero de dos mil dos, por la dirección ejecutiva responsable en el folio 67, página 3, en la cual se asienta que efectivamente fueron presentadas dichas manifestaciones, por lo que, la autoridad responsable viola los principios de legalidad, certeza y debido procedimiento al notificarme supuestas omisiones, primero por una persona desconocida ya que firma por ausencia del Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, segundo me dejan en estado de indefensión la autoridad responsable en virtud de que no señala con precisión, a cuáles entidades federativas les falta las manifestaciones formales de afiliación, siendo que se acredita que fueron presentadas en su totalidad como ya se ha dicho anteriormente, en consecuencia, indebidamente la autoridad electoral procedió a hacer el descuento a la asociación que represento sin motivo alguno.

A mayor abundamiento la autoridad electoral viola de manera grave el principio de legalidad, mismo que implica que en todo momento y bajo cualquier circunstancia en el ejercicio de sus atribuciones en el desempeño de las funciones que tiene encomendadas el Instituto Federal Electoral, se debe observar escrupulosamente el mandato constitucional que las delimita y las disposiciones legales que las reglamenta, en este sentido la autoridad electoral debió basarse en “el instructivo” que aprobó el Consejo General como requisitos para que las asociaciones se pudieran conformar como agrupación política nacional, el cual indica que es la obligación de las asociaciones proporcionar las manifestaciones formales de afiliación, las cuales deberán ser 7000 así como el listado de las mismas por orden alfabético y el disco de 3 ½ las cuales contienen dichos listados, en este sentido si la autoridad electoral recibió el treinta y uno de enero de dos mil dos en el formato de recepción de documentación con número de folio 67, en donde se indica en la página 3 en el inciso c) que se presentaron 7250 manifestaciones formales de afiliación en original autógrafo, suscritas por cada ciudadano y las cuales fueron revisadas en el momento de la recepción y cotejadas con la lista en orden alfabético de cada uno de los asociados, es inexplicable que posteriormente la autoridad pretenda asegurar que solamente presentamos 6874 manifestaciones formales de afiliación, siendo que es responsabilidad de la autoridad electoral la guardia y custodia de las manifestaciones formales de afiliación, y toda vez que existen las pruebas fehacientes para demostrar que debidamente presentamos ese número de afiliaciones, por lo que existen los medios de convicción con son el disco en medio magnético de 3 ½ y las listas impresas de las manifestaciones formales, así como el acuse de recibo de que efectivamente es un error el de la autoridad el haber extraviado 376 manifestaciones formales de afiliación. Conforme lo anterior y bajo el principio de quien afirma está obligado a probar, la autoridad es la responsable de probar que efectivamente mi representado no presentó dichas manifestaciones, situación que no demuestra y que se agrava aun más al no indicarme exactamente cuáles manifestaciones formales y de qué estados supuestamente no se presentaron.

Conforme a lo anterior, están obligando a mi representada a demostrar que efectivamente entregamos las 7250 manifestaciones formales de afiliación, carga procesal que no nos corresponde en virtud de que demostramos con el acuse de recibo antes mencionado que efectivamente de manera física entregamos dichas manifestaciones, además de que me encuentro en total estado de indefensión al no indicarme los nombres de los asociados de qué entidad federativa corresponden, por lo que me veo impedido a dar respuesta a esta supuesta omisión.

Por otro lado, la autoridad electoral también viola el principio de certeza el cual alude a la necesidad de que todas las acciones que desempeñe el Instituto Federal Electoral, estén dotadas de veracidad, certidumbre y apego a los hechos esto es, que los estados de sus actividades sean completamente verificables, fidedignos y confiables, en razón de que con el acuse de recepción de las manifestaciones formales de asociación, es un acto verificable, fidedigno y confiable, que realizó la autoridad responsable, que se cotejó afiliación por afiliación con la lista de asociados y en la cual la autoridad llegó a la convicción y a la certeza de que efectivamente se habían presentado dichas manifestaciones, por lo que resulta inverosímil que ahora la autoridad electoral pretenda violar dicho principio al indicarnos que omitimos entregar 376 manifestaciones formales de afiliación, en este sentido parecería absurdo realizar un formato de recepción de documentación, foliarlo, sellarlo y registrarlo, si de la revisión que ordena la metodología posteriormente me comunicaran que no presenté toda la documentación que me exige la ley. En este mismo sentido, el formato de acuse de recibo contiene un recuadro de observaciones en la recepción de documentos en los cuales, no se hizo ninguna consideración de la autoridad en el sentido de que faltara alguna documentación.

Sustentan todo lo anterior los siguientes criterio jurisprudenciales, emitidos por el Tribunal Electoral Federal:

‘TRIBUNAL FEDERAL ELECTORAL.  GARAN­TE DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD.-  El Tribunal Federal Electoral como garante del principio de legalidad, está obligado a exami­nar todas las presuntas violaciones que sobre dicho principio se hagan valer a través de los recursos respectivos, a fin de determinar, si se actualizan las causas de nulidad establecidas en el Código de la materia y resolver confor­me a derecho, tomando siempre en cuenta que al dictar su resolución está obligado a analizar en forma integral el escrito del recu­rrente, ya que conforme al principio procesal de exhaustividad, no puede basar sus fallos en un examen aislado de los agravios hechos valer.

CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDE­RAL ELEC­TORAL. SUS ACUERDOS DEBEN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE LEGA­LIDAD.-  El Consejo General del Instituto Federal Electoral es un cuerpo colegiado y la circunstancia de que sus acuerdos se tomen por votación mayoritaria de sus integrantes, no le exime de cumplir con los requisitos de legalidad que debe revestir todo acto de autoridad, pues de otra forma estaríamos ante el absurdo de que todos los acuerdos tomados bajo esa votación mayoritaria sean o no lega­les, fuesen inimpug­nables. El Consejo desig­nó por mayoría del órgano responsable a tres de sus integrantes para realizar operaciones aritméticas, ello es legal acorde con lo previs­to en el artículo 80, párrafo 1 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, mismo que establece la facultad del Consejo General de integrar las comisio­nes que considere necesarias para el desempe­ño de sus atribuciones, con el número de miembros que para cada caso acuerde, lo que de ninguna manera debe implicar la delega­ción de la facultad decisoria que compete exclusivamente al Consejo General y no a comisión alguna.’

Por otro lado, la autoridad electoral en el oficio número DEPPP/DPPF/1220/02, en el cual nos hacen saber de omisiones graves, porque se deja de cumplir con el artículo 35, párrafo 1, inciso a), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, al respecto, es necesario señalar que la forma del emplazamiento está viciada de origen, en virtud de que la notificación del emplazamiento debe ser firmada por la autoridad que emite el acto de molestia, que en el caso que nos ocupa es el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, el mtro. Arturo Sánchez Gutiérrez, es decir, la notificación del emplazamiento deber ser firmada por la autoridad responsable, aquella que realiza el acto de molestia, por lo que resulta evidente, que ese acto administrativo en particular en el cual nos emplazan por un término de cinco días naturales para contestar lo que a nuestro derecho conviniere, no cumple con las formalidades esenciales del procedimiento, violando el artículo 14 constitucional, en toda notificación se debe identificar con precisión a la autoridad que emitió el acto a fin de que el gobernado tenga la oportunidad de contar con todos los elementos para ser oído y vencido en juicio, en este caso, la asociación que represento no estuvo en condiciones de saber quién le imputó el acto que se le pide que cumplimente y tampoco estuvo en condiciones de determinar si el órgano que emitió dicho acto de molestia resulta competente o no para emitirlo. En resumidas cuentas, la omisión de tal requisito implica dejar en estado de indefensión a la asociación que represento, pues desconoce el órgano que emite el acto y los supuestos por los que injustamente indican que dejamos de cumplir con la normatividad electoral, además, de que el acto de molestia no hay una precisión de lo que se me pide para complementar dicho requerimiento, en consecuencia, es notable la ilegalidad del acto de molestia.

En otro orden de ideas, en el considerando dos de la resolución, la autoridad señala lo siguiente:

‘Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 35, párrafo 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se debe considerar que la asociación solicitante presentó oportunamente su solicitud de registro, así como la documentación con la que pretenda acreditar el cumplimiento de los requisitos correspondientes.’ Conforme a esto la autoridad responsable afirma que efectivamente se entregó toda la documentación, por lo que resulta sorpresivo, posteriormente, que en el considerando quinto se indique, ‘que a pesar de no contar la solicitante con 7000 asociados en el país, según requerimiento realizado por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos... se precedió a revisar las manifestaciones formales de asociación presentadas.’

De lo anterior se desprende que en los considerandos de la resolución, existe contradicción en los mismos, toda vez que en uno se señala que entregamos toda la documentación y en otro nos faltan manifestaciones formales de afiliación, por lo que se viola el principio de congruencia de las resoluciones.

También se viola el mismo principio en el antecedente 3, inciso f) de la resolución, en el que se señalan los documentos con los que se pretende acreditar la existencia de delegaciones de la asociación política en diversos estados de la república, siendo que en los Estados de Guerrero, Hidalgo, Morelos y Puebla, no presentamos contratos de arrendamiento, por lo que se pone en duda una revisión tan simple, la certeza y legalidad de la autoridad, dicha afirmación la demuestro con el acuse de recibo número 67 en el cual queda fehacientemente comprobado, que tenemos delegaciones en los siguientes estados: Tabasco, Chiapas, Veracruz, Campeche, Oaxaca, Distrito Federal, Estado de México, Durango, Sinaloa, Sonora y Nayarit.

Lo anterior nos causa agravio en cuanto a la certeza de la revisión debido a que con posterioridad en este ocurso se indicara en los estados a los cuales “Por una Causa Común: México”, no tiene delegaciones y por ende asociados, sin embargo nos suman indebidamente algunos afiliaciones que impactan al número total de afiliados que contempla el artículo 35, párrafo 1, inciso a), por lo que resulta evidentemente errónea la revisión en su conjunto y por lo tanto violatorio el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por último, la autoridad responsable al no contabilizarnos las 376 manifestaciones formales de asociación que supuestamente no entregamos, nos deja en estado de indefensión y materialmente nos niega el derecho de asociación consagrado el artículo 9 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Concepto de agravio 2. Causa un agravio directo a la asociación que represento los considerandos quinto, sexto y séptimo de la resolución que se combate, en virtud de que en los mismos se cometen varios errores en la revisión de las manifestaciones formales de afiliación, así como del listado correspondiente a la misma, las irregularidades cometidas en esta revisión derivan en un principio en la falta que comete la autoridad al no tomarnos en cuenta por un error evidente de la misma, 376 manifestaciones formales de afiliación como ya se ha dicho anteriormente fueron entregadas en tiempo y forma tal y como se describe en el acuse de recibo con número de folio 67 sellado debidamente por la autoridad electoral encargada de la recepción de la documentación.

En el considerando quinto la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos señala que a pesar de no contar la agrupación política que represento con 7000 asociados en el país, procedió a la revisión de la documentación que tenía en su poder.

Cabe hacer mención, que en ese mismo considerando, se indica que la Dirección Ejecutiva nos hizo un requerimiento en el cual nos dicen indebidamente que presentamos en forma extemporánea un número adicional de manifestaciones formales de afiliaciones, situación falsa en virtud de que el requerimiento que se nos hizo el día veintisiete de marzo se nos hace notar de que la revisión preliminar de la documentación presentada, resulta que la solicitud no se encuentra debidamente integrada, en virtud de que la asociación presentó 6874 manifestaciones formales de afiliación con lo que incumplieron en el 35, párrafo 1, inciso a), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como lo dispuesto en el preceptuado por el punto primero, párrafo 3, inciso c) de los acuerdos por lo que se indican los requisitos para constituirse como agrupaciones y por el que se define la metodología para la revisión de los requisitos, debido a que el oficio que hago mención sí fue contestado en tiempo y forma y en ese momento no se presentó ninguna manifestación formal de afiliación, en virtud de que es responsabilidad de la autoridad electoral el recepcionar la documentación correspondiente como lo señala los acuerdos anteriores aprobados por el Consejo General, en tal virtud al acreditar en el oficio de contestación que efectivamente habíamos presentado el número de 7250 afiliaciones conforme a la normatividad y demostrado con el acuse de recibo del formato para la recepción de documentos con el número de folio número 67, no había razón para presentar manifestaciones formales de afiliación adicionales en virtud de que resulta materialmente imposible el poder en cinco días naturales, presentar manifestaciones formales de afiliación adicionales, lo que implica un esfuerzo invalido en razón de que el espíritu del legislador en el artículo 35 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales es el de establecer requisitos que den certeza a la autoridad de que verdaderamente existe una asociación con un número determinado de afiliados, que tiene la voluntad de agruparse o de asociarse para un bien común, que es una agrupación política nacional y que estos mismos conocen los postulados y los documentos básicos de dicha agrupación, por lo que resultaría un fraude a la ley el pretender que en ese término se presentaran manifestaciones formales de afiliaciones adicionales.

En este sentido, las manifestaciones formales de asociación que se presentaron fue en fecha diversa a la del requerimiento, es decir, por decisión del Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación “Por una Causa Común: México”, decidió presentar un total de 1950 manifestaciones formales de afiliaciones las cuales por un acto de buena fe fueron presentadas para su valoración el día nueve de abril de dos mil dos, situación que fue como el ánimo de salvaguardar el legítimo derecho de los afiliados de la asociación que represento para constituirse como agrupación política nacional.

Cabe hacer mención que el oficio por el cual nos indican que nos faltan las manifestaciones formales de afiliación no se indica que ya hubiera habido una revisión exhaustiva de la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos en donde se señale que nuestras manifestaciones formales tuvieren deficiencias o que nuestras listas tuvieren duplicidades o les faltase algunos de los requisitos que señala la normatividad electoral, por lo que se concluye que efectivamente la autoridad se refiere a que ellos no tenían en su poder físicamente el número de manifestaciones formales de afiliación que registraron y sellaron el formato de acuse de recibo con número de folio 67, que es en realidad el de 7250 afiliaciones.

Por otro lado, la asociación que represento queda en un completo estado de indefensión en virtud de que el acuerdo que establece la metodología para la revisión de la documentación, pide como referencia un listado por orden alfabético de los asociados de manera gráfica como en disco magnético de 3 ½, instrumentos que fueron utilizados como es el caso del listado gráfico en la recepción de la documentación, elemento que le dio certeza desde un principio a la autoridad de que efectivamente se había entregado 7250 afiliaciones, en este sentido, la autoridad en su requerimiento nos pudo haber señalado cuáles nombres y a los estados que corresponden estos afiliados con la lista correspondiente para haber subsanado la supuesta irregularidad y no dejarnos en total estado de indefensión.

En este sentido, es vago e impreciso el señalamiento de la autoridad en el requerimiento, puesto que no nos indica conforme a lo anterior, cuáles manifestaciones formales de afiliación son las que faltan.

En virtud de lo anterior, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, procedió al análisis de las manifestaciones formales de asociación, de los cuales no se tomó en cuenta 376 afiliaciones que supuestamente nos faltan y que por un error grave de la autoridad nos impacta en el requisito de contar con 7000 afiliados, situación que demuestro con el listado de manera gráfica, así como el medio magnético que ofrezco desde este mismo momento y que obra también en poder de la autoridad.

Para estos fines reproduzco el cuadro que señala en la resolución y el cuadro que elaboramos conforme al listado que presentamos en tiempo y forma que obra como ya se había dicho anteriormente en poder de la autoridad.

Cuadro para el análisis de manifestaciones formales de asociación reproducido de la resolución

Como podemos apreciar en dicho cuadro no se toma en cuenta las 376 afiliaciones que sin ninguna valoración y en un uso abusivo del ejercicio de las facultades de la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos nos descuentan por un error imputable a ellos.

El cuadro siguiente correspondería al número total de afiliaciones que presentamos conforme al listado por orden alfabético que presentamos en cumplimiento del acuerdo del Consejo General, por el cual se establecen los requisitos que deberán cumplir las asociaciones para ser agrupación política nacional.

Conforme a lo anterior, es claro que afecta gravemente a la asociación que represento el no contar con 376 afiliaciones, que daría un total de 7250 manifestaciones para su valoración mismas que no fueron valoradas.

La misma situación sucede en cuanto al cuadro para el análisis de la lista de asociados en los cuales en el rubro 6 del cuadro sin manifestaciones, aparecen 230 nombres sin manifestaciones que no cuadran con la cifra de 376 manifestaciones que por un error de la autoridad no se encuentran en su poder, por lo tanto no son valoradas, cabe hacer mención que en el cuadro para el análisis de la autoridad que fue presentado por mi representado, se encontraban un total de personas en listas de 7250 con su correspondiente manifestación de asociación por lo que resulta sumamente extraño, la cantidad de 230 nombres sin manifestación puesto que están tomando en cuenta el listado que ofrecimos conforme a los requisitos de la normatividad electoral.

Se anexa cuadro reproducido de la autoridad.

Como podemos apreciar en dicho cuadro no se toman en cuenta las 376 afiliaciones que sin ninguna valoración y en un uso abusivo del ejercicio de las facultades de la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos nos descuentan por un error imputable a ellos.

El cuadro siguiente correspondería al número total de afiliaciones que presentamos conforme al listado por orden alfabético que presentamos en cumplimiento del acuerdo del Consejo General por el cual, se establecen los requisitos que deberán cumplir las asociaciones para ser agrupación política nacional.

Por otro lado, en el considerando sexto de la resolución, el Registro Federal de Electores, hace una validación de la lista de nombres de asociados a la Asociación “Por una Causa Común: México”, como lo establece la metodología aprobada por el Consejo General, de la cual establece que 322 nombres corresponden a asociados que no aparecen en el padrón electoral, reduciéndose a 6892 ciudadanos validos por lo que en razón de lo anterior no se cumple supuestamente con el requisito de 7000 afiliados que establece el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Debo decir que para el efecto de las 322 manifestaciones que corresponden a asociados que no aparecen en el padrón electoral, es necesario hacer una revisión de dicho listado por lo que nos llevamos a la tarea de recabar copia simple de la credencial para votar con fotografía 23 asociados que sí están dentro del padrón electoral, así mismo se anexa lista nominal de electores con 39 asociados y 190 copias simples de manifestaciones formales de afiliación, asociados que sí están dentro del padrón electoral y cuentan con la debida clave de elector en su credencial para votar, conforme al siguiente cuadro:

Listado de afiliados que sí cuentan con credencial de elector, número de afiliación y se encuentran en el padrón electoral.